Generar cambios en la estructura modal del transporte urbano, que aseguren una mayor eficiencia funcional y ambiental de las ciudades.
Definir y divulgar criterios de sustentabilidad que permitan fundamentar y orientar la planeación, el funcionamiento y la regulación de los procesos del desarrollo urbano.
Crear mecanismos de integración entre la política ambiental y las políticas de desarrollo urbano, mediante instrumentos que vinculen a la estructura espacial/territorial de las ciudades y a sus procesos sectoriales (especialmente el transporte) y funcionales con los criterios de sustentabilidad.
Propiciar el uso racional de los recursos comunes ambientales más importantes de las ciudades.
Crear un marco regulatorio y de incentivos que fomente permanentemente la innovación y el cambio tecnológico en los procesos urbanos, de servicios y de transporte, mejorando su eficiencia energética y calidad ambiental.
Generar cambios en la estructura modal del transporte urbano, que aseguren una mayor eficiencia funcional y ambiental de las ciudades.
El acelerado proceso de urbanización del país plantea algunos de los retos más importantes para la sociedad y el gobierno. Entre ellos destacan complejos problemas ambientales como la contaminación atmosférica y del agua, y la proliferación de desechos sólidos y peligrosos, así como la invasión y deterioro de áreas de conservación ecológica y de recarga de acuíferos; problemas que tienen creciente importancia en las ciudades medias del país, y que se exacerban en las grandes ciudades y zonas metropolitanas. Para enfrentarlos adecuada y eficazmente, es necesario repensar y renovar el marco conceptual que nutre y sostiene a las políticas públicas correspondientes.
Se precisa, por tanto, de nuevas definiciones que no sólo busquen las causas inmediatas de los problemas ambientales de las ciudades del país, sino que vaya más allá en la identificación, tanto de los elementos como de los mecanismos que estructuran y operan los complejos sistemas urbanos. De principio, se necesita incluso de un nuevo marco conceptual cuyo lenguaje sea más rico y más integrado en sus ideas, con mayor capacidad de comunicación, de movilización de intereses y mucho más cercano a las realidades que configuran los retos ambientales de nuestras ciudades, especialmente de las grandes áreas metropolitanas, integrando al fenómeno urbano con las disciplinas ambientales: el desarrollo urbano sustentable.
La integración de un nuevo marco de políticas requiere del concurso de conceptos provenientes de muy diversas especialidades, entre las que destacan las ciencias ambientales y la economía. El debate público de los ejercicios analíticos que de ahí se desprendan, permitirá ir configurando el tipo de desarrollo urbano sustentable más adecuado para las ciudades del país, mismo que, sin duda, habrá de perfilarse como una idea de gran poder de convocatoria ciudadana, al compatibilizar la vitalidad económica y social de la urbe con su viabilidad ambiental de largo plazo, con base en el mantenimiento de equilibrios biofísicos fundamentales. En este sentido, la planeación del desarrollo urbano no podrá soslayar en adelante los costos sociales, económicos y ambientales producidos por los esquemas actuales de urbanización, en los que muchas de las ventajas ofrecidas por las economías de escala y de aglomeración han sido anuladas por los efectos de un crecimiento distorsionado.
El espacio urbano no es ni ambiental ni económicamente neutro: el acelerado proceso de urbanización genera continuas modificaciones en la distribución espacial de las actividades productivas y de consumo, así como en los estilos de vida y, por lo tanto, en las preferencias sociales de las comunidades urbanas. Aún más, dicho proceso es un fenómeno multidimensional que ubica al problema de la sustentabilidad dentro de un contexto que rebasa los contornos geográficos de la ciudad: ésta mantiene intercambios de personas, materiales, energéticos y de información que le permiten echar mano de recursos localizados fuera de sus fronteras geográficas y abastecerse de servicios ambientales adicionales a los que sus propios sistemas biofísicos podrían aportar; en este proceso, también, las demandas urbanas inducen tendencias productivas en áreas rurales relativamente lejanas, que deben tomarse en cuenta. Por eso, discutir la sustentabilidad de la ciudad sólo tiene sentido si se piensa en un balance de región, esto es, en un ámbito territorial, ecológico, económico y social que trasciende las delimitaciones físicas de las manchas urbanas.
La ciudad puede verse de muchas maneras, sin embargo, para avanzar en la idea de un desarrollo urbano sustentable, es útil recurrir a algunas interpretaciones que apuntan en el sentido requerido, y que la definen como:
Una concentración de actividades humanas que permite aprovechar economías de aglomeración, generar economías de escala y desarrollar ventajas competitivas.
Un sistema de bienes públicos (como lo son una buena calidad del aire y del agua), cuya creación y nuevas modalidades de gestión sientan sus bases institucionales.
Un denso tejido de externalidades (positivas y negativas) donde prácticamente cada acción privada tiene consecuencias sobre el bienestar general y donde las iniciativas y proyectos públicos muchas veces se mueven en una ruta conflictiva con intereses privados bien establecidos.
Estas interpretaciones sugieren, de entrada, que el mercado es inherente a las ciudades pues en ellas se nutren y se sustentan una enorme cantidad de demandas, de ofertas y de transacciones de bienes, servicios e información en donde participan individuos, entidades públicas y empresas. La actividad intensa en un enorme número de mercados es un rasgo sobresaliente de la ciudad; éstos ofrecen opciones y dan a los ciudadanos mayores posibilidades de elección, son tremendamente diversos y tan extensos que incluso la trascienden, desplegándose mucho más allá de sus límites físicos y de las fronteras nacionales. En los mercados inherentes a la ciudad radican sus distintivas capacidades de innovación, adaptación y pluralismo.
La organización espacial de las ciudades surge de las formas en que la actividad cotidiana de los individuos se coordina e interactúa con la actividad de las empresas y las entidades públicas; esa organización espacial territorial explica buena parte de sus potencialidades, pero también de sus problemas. Los mercados en la ciudad tienen una expresión territorial muy claramente definida, lo que determina el orden y la organización física de la estructura urbana; estas formas físicas/territoriales moldean los patrones de convivencia, consumo, demanda de energía y uso de los recursos comunes ambientales; de ello dependen, finalmente, las condiciones para asegurar la sustentabilidad de la ciudad a través de una política ambiental urbana eficaz e integradora. La estructura espacial/territorial de la ciudad constituye un aspecto crucial de la comprensión de las relaciones intersectoriales entre la industria, los servicios, la vivienda, el transporte de personas y mercancías, y entre todas ellas y el medio ambiente.
Destaca por eso la necesidad de comprender a fondo el orden espacial de la ciudad, plasmado en los usos del suelo, y de interpretar correctamente las formas urbanas de las cuales dependen los patrones de convivencia cotidiana y las relaciones intersectoriales entre un vasto abanico de actividades y conductas. Sin ello se pierden de vista las rutas para una política ambiental eficiente que asegure un desarrollo urbano sustentable. Es importante subrayarlo: la política ambiental debe ser expresada a través de la política urbana y operada a través de la dinámica espacial territorial de la ciudad, haciendo que confluyan eficientemente mercados, consumidores, productores, vecinos y sistemas de información. Además, se necesita incorporar la idea de que la sustentabilidad del desarrollo urbano depende de una gestión correcta de los recursos comunes ambientales los cuales están representados, entre otros, por la cuenca atmosférica de las ciudades, la cuencas hidrológicas que las abastecen, y por los recursos territoriales que ofrecen servicios de localización espacial, de recarga de acuíferos, de reserva ecológica y territorial, de recreación y de conservación de recursos naturales.
Se sugiere que el deterioro ambiental urbano se debe a la sobreexplotación o sobrecarga de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Bajo una óptica de sustentabilidad, estos recursos requieren ser manejados de tal manera que no se transgredan sistemáticamente ciertos umbrales críticos, después de los cuales se generan costos sociales ambientales excesivos. En este sentido, los umbrales no necesariamente representan límites absolutos de los costos sociales ambientales, sino saltos o puntos de inflexión significativos, dado un cierto estado de la tecnología existente, un conjunto de indicadores relevantes y un sistema de preferencias sociales.
Ahora bien, y como ha de reiterarse, en el esclarecimiento de costos para la asunción de responsabilidades privadas y públicas la información es un pre requisito inescapable. La información ambiental debe nutrir un proceso de entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes, para coadyuvar a modificar conductas en el sentido correcto, aprovechando las preferencias privadas y las exigencias sociales. Estas cambian continuamente, respondiendo con gran sensibilidad a la estructura de ingresos de la población y a los costos de oportunidad, lo que introduce complejidades específicas en la gestión ambiental urbana. Esto implica enfrentar considerables dificultades en las labores de persuasión y de formación de consensos, mismas que se acentúan cuando los efectos redistributivos de las políticas públicas no están lo suficientemente claros.
Por otra parte, es preciso garantizar la fortaleza y el dinamismo económico de las ciudades. Lo cual es pre requisito para generar los recursos y las preferencias sociales que fundamenten una activa política ecológica. Poco o nada se puede hacer en la indigencia o ante los apremios, mientras que, en la pobreza, las prioridades y las expectativas sociales se vuelcan al corto plazo, prevaleciendo tasas de descuento relativamente altas en la estructura de preferencias. Cuando esto sucede, se invalidan y descartan proyectos a futuro, como es el caso de aquellos asociados a la sustentabilidad del desarrollo.
Para encauzar a la ciudad hacia un futuro sustentable, es preciso promover su productividad y fortalecer sus ventajas competitivas. Se debe asegurar su dinamismo económico a través de la creación y organización de las condiciones locales que permitan aprovechar cabalmente los atributos locales de la urbe, conjurando los peligros de la obsolescencia de su infraestructura y el abandono e ineficiencia que la misma significa. Estas condiciones, que hoy conocemos como ventajas competitivas, residen en la diversidad y riqueza de los factores locales que permiten a las empresas y a las industrias alcanzar y mantener altas tasas de productividad. Sólo el mantenimiento de altas tasas de productividad puede asegurar el mejoramiento continuo del nivel de vida de todos los habitantes y la calidad ambiental de las ciudades.
La innovación tecnológica es un proceso indispensable en la búsqueda de horizontes de sustentabilidad para la ciudad. Sin embargo, recordemos que las condiciones de sustentabilidad están definidas también por las presiones demográficas y los patrones de demanda y consumo y, siendo indispensable el avance tecnológico, también es cierto que mantener políticas ambientales basadas exclusivamente en este ámbito va arrojando rendimientos decrecientes. Por ello puede ser cada vez más difícil y costoso abatir volúmenes adicionales de contaminación y mitigar otros impactos sobre el ambiente sólo por la vía tecnológica al final del tubo, dejando intactas las estructuras de demanda.
Una condición adicional de las ciudades modernas es su creciente dependencia de los procesos macroeconómicos del país, lo que obliga a una gestión urbana atenta al devenir de los mercados nacionales y globales en los que la ciudad participa. La apertura económica lanza nuevos incentivos de localización industrial, hace fenecer ramas completas de actividades manufactureras y genera oportunidades en diversos sectores, lo que modifica de manera notable las tendencias ambientales. Al mismo tiempo, la política fiscal y las reglas de coordinación federal en materia tributaria abren o cierran oportunidades de financiamiento a las metrópolis; mientras que la política de precios para bienes y servicios claves ofrecidos por el gobierno federal, inciden directamente en patrones estratégicos de conducta metropolitana, como es el caso de los combustibles en relación al transporte, la contaminación atmosférica y los usos del suelo.
Pero avanzar por el camino que lleva a los propósitos de sustentabilidad, no sólo requiere de la integración de las políticas urbanas y ambientales, sino que exige que ambas se complementen y refuercen de manera permanente. Esta complementariedad se puede lograr promoviendo la causa del desarrollo urbano sustentable desde todos los frentes relevantes.
Los criterios que dan pie a los lineamientos anteriores se pueden agrupar, con un horizonte de mediano y largo plazos, en varios ámbitos que requerirán de atención especial. Éstos son el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico regional, criterios para un desarrollo sustentable, los sistemas de transporte urbano, la modernización tecnológica, y, la gestión de demandas (especialmente de combustibles automotrices, de viajes intra urbanos y de kilómetros recorridos).
Desarrollo urbano y ordenamiento ecológico regional.
El ordenamiento ecológico del territorio facilitará el camino hacia un desarrollo urbano/regional basado en criterios de sustentabilidad, al generar un marco de congruencia entre políticas y programas ambientales y sectoriales, concretamente, entre el Programa de Desarrollo Urbano 2006-2030 y el presente Programa de Medio Ambiente, y coadyuvar en el diseño de mecanismos de coordinación intersectorial y entre entidades federativas. Deberá ser un instrumento normativo básico bien fundado técnicamente, concertado y consensuado entre todos los actores involucrados: el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios, centros académicos, los agentes económicos y la sociedad civil, antes de quedar debidamente expresado en las disposiciones jurídicas adecuadas.
El ordenamiento ecológico puede coadyuvar significativamente a la idea de una ciudad con proyecto, creando identidades y certidumbre social y económica de largo plazo, facilitando las tareas de la planeación de los asentamientos humanos y de la localización de las actividades productivas y comerciales, todo, con una lógica de sustentabilidad ambiental.
Criterios para un desarrollo urbano sustentable.
Como ya se ha señalado, una política ambiental eficaz para nuestras ciudad requiere de interpretar los problemas y retos de sustentabilidad a partir de su estructura espacial/ territorial y de las políticas y dinámicas socioeconómicas que la configuran. Tanto en lo que se refiere al manejo de cuencas atmosféricas, zonas de recarga de acuíferos y defensa de zonas de conservación ecológica, así como en la eficiencia global urbana, pueden jugar un papel preponderante los siguientes criterios:
Evitar el crecimiento suburbano extensivo y descontrolado, propiciando la densificación y promoviendo el uso diversificado, eficiente y plurifuncional del suelo, de manera compatible con expectativas de calidad de vida y seguridad.
La revitalización de centros históricos y otras áreas centrales mediante la promoción de la inversión pública y privada dando particular importancia a programas de vivienda con un claro sentido urbano.
La conservación y manejo efectivo de las áreas verdes y de las zonas de conservación ecológica.
La creación y mantenimiento de espacios públicos, la convivencia colectiva como factor de identidad, cohesión social y calidad de vida.
Mantener una política que atienda a los ciclos de vida de distintos áreas urbanas, previendo el decaimiento y combatiendo el abandono y el deterioro urbano, mediante programas y acciones de renovación, reciclaje y re-desarrollo del suelo urbano.
Transporte.
La política de transporte es un elemento crucial del esquema de sustentabilidad urbana. Una de las implicaciones de fondo de los sistemas de transporte se refiere a su estrecha interdependencia con los patrones de urbanización. La posibilidad de recorrer distancias y trayectos a ciertas velocidades y con condiciones determinadas de seguridad, confort y costo van transformando paulatinamente el concepto que todavía a principios de siglo se tenía de la ciudad. Hoy en día, abundan por ejemplo las áreas urbanas dormitorio en donde pernoctan millares de individuos que a primera hora invaden las carreteras y los medios de transporte suburbanos para dirigirse a trabajar durante el día y regresar a casa al fin de la jornada, pudiendo destinar hasta 2, 3 ó 4 horas cotidianas al transporte.
El transporte urbano establece sistemas de movilidad que organizan la ocupación territorial y definen modalidades de intensidad, densidad y diversidad en los usos del suelo. A su vez, la estructura urbana generada, determina patrones y demandas de transporte, creándose múltiples canales de retroalimentación entre ambos procesos. Esto, moldea estructuralmente ciertas conductas y variables que explican muchos problemas ambientales estratégicos. Por ejemplo, en circunstancias de alta sub. Urbanización y de usos del suelo especializados, donde prevalece el uso del vehículo automotor privado, es posible esperar una onerosa factura energética, un gran volumen de horas hombre perdidas en desplazamientos y embotellamientos, severos costos ambientales que incluyen la contaminación de cuencas atmosféricas, y la ocupación extensiva de grandes superficies necesarias para la recarga de acuíferos y la conservación de ecosistemas. En este orden de cosas la sub. Urbanización extensiva impide el desarrollo de un buen sistema de transporte colectivo, el cual sólo puede ser redituable y eficiente dentro de ciertas condiciones de densidad urbana y de intensidad y diversidad de los usos del suelo.
Los márgenes de maniobra para mejorar el desempeño del trinomio transporte estructura urbana calidad ambiental son amplios, y deben ser aprovechados en una política clave de sustentabilidad. Ahí destaca la necesidad de un proceso de cambio modal en el transporte urbano, donde una proporción mayoritaria de los viajes/persona/día se lleve a cabo en sistemas colectivos de alta eficiencia energética y ambiental.
En este sentido, es necesario promover algunos lineamientos considerados fundamentales:
Coordinación efectiva de los planes rectores de transporte y de desarrollo urbano.
En el caso de las zonas metropolitanas conviene promover líneas de transporte masivo electrificado que conecten las áreas centrales con zonas suburbanas.
Separación o confinamiento de las rutas prioritarias de transporte colectivo de superficie, con respecto a aquellas destinadas al tránsito vehicular privado.
Promoción del transporte institucional, escolar y empresarial.
Preferencia vial y acceso a zonas restringidas para los vehículos de transporte colectivo.
Sistemas estrictos de regulación, tecnológica y funcional, y de inspección y vigilancia vial a los sistemas de transporte colectivo de superficie, con énfasis especial en las emisiones contaminantes de la atmósfera.
Utilización de esquemas de transferencia directa de impuestos ambientales para el mejoramiento del transporte público, garantizando el manejo transparente y eficiente de los recursos.
Fomento de la participación privada en la prestación de servicios de transporte y actividades asociadas a los mismos, asegurando el correcto cumplimiento de las normas de funcionamiento y operación.
Fomento de alternativas diferenciadas de transporte según preferencias y capacidades de pago de los usuarios, asegurando que no queden desatendidas áreas que son rentablemente menos atractivas.
Mejora sustancial de la seguridad de las unidades de transporte y de los usuarios.
Racionalización del transporte de mercancías mediante sistemas de bodegas de transferencia, vehículos de reparto eléctricos, horarios adecuados de carga y descarga. Introducción y mejoramiento de la infraestructura destinada a medios de desplazamiento no motorizados, como pueden ser la bicicleta y recorridos peatonales.
Modernización tecnológica para el control de la contaminación atmosférica.
La modernización tecnológica en el transporte, la industria y los servicios, seguirán siendo una vertiente insoslayable en el horizonte de la sustentabilidad urbana, y su dirección debe ser determinada por objetivos ambientales, de eficiencia y bienestar social. Esta modernización tecnológica ha de impulsarse a través de instrumentos normativos con horizontes de largo plazo, de la concertación y del desarrollo institucional. Cabe para ello, distinguir los lineamientos más importantes:
Actualización de las normas de emisión de contaminantes atmosféricos para vehículos automotores, industria y servicios; y, desarrollo de un esquema normativo que promueva una eficiencia energética creciente.
Promoción del uso de vehículos eléctricos.
En la industria, es necesario adecuar la regulación directa, tanto en materia de aire como de residuos, fomentando, en el primer caso, la utilización de técnicas para mejorar la combustión y abatir las emisiones de óxidos de nitrógeno en el uso de diesel, gasóleo y gas natural y en la operación de hornos industriales. En el segundo caso, procurando la modernización productiva dentro de criterios de protección ambiental y competitividad.
Aplicación de la segunda etapa de la NOM-085, que establece niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera por parte de la industria y del sector servicios. Ello incluye, en zonas prioritarias, la fijación de una burbuja o límite de emisiones a nivel regional, y la distribución de certificados comercializables que pueden ser transferidos por las empresas, sin afectar el nivel regional de emisiones previamente establecido.
El control dentro del sector servicios de los compuestos orgánicos volátiles en gasolineras y en la fabricación de pinturas y solventes.
El impulso al mejoramiento de combustibles abatiendo su volatilidad, contenido de azufre y contenido de compuestos tóxicos o altamente reactivos.
Fomentar la utilización comercial de combustibles más limpios como el Bio gas o Bio diesel.
Promover la reformulación Bio combustible, Bio gas.
Propiciar una política de precios consistente y de largo plazo que favorezca una alta eficiencia energética y ambiental.
Gestión de demandas e internalización de costos sociales/ambientales.
El propósito inicial es explorar a fondo las posibilidades de un conjunto de instrumentos que actúen desde el lado de la demanda en el complejo entramado de los mercados urbanos, buscando un uso socialmente eficiente de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Este debe conducir en su momento a iniciar la aplicación de aquéllos que resulten factibles. A continuación se presentan algunos que, desde este punto de vista, deben ser ampliamente estudiados y considerados:
Conjugación de restricciones a la circulación vehicular con una normatividad que promueva la renovación tecnológica y la creación de una cultura ambiental de los usuarios del transporte automotor.
Internalización de costos ambientales en los precios de combustibles automotores.
Otorgamiento de estímulos a la eficiencia energética y a las tecnologías más limpias en el cobro de tenencias.
Desarrollo de estrictos sistemas de verificación vehicular en zonas metropolitanas, financiados por los propios usuarios.
Obligatoriedad del seguro de accidentes con responsabilidad civil.
Impuesto predial como instrumento de aplicación del ordenamiento ecológico.
Establecimiento de estacionómetros en diversas zonas de la ciudad utilizando la recaudación para fines de beneficios públicos en los barrios y colonias donde se ubiquen.
Disminución de subsidios al gas licuado de petróleo para favorecer el consumo de gas natural o Bio combustible.
Desarrollo de un sistema de créditos comercializables para emisiones de óxidos de nitrógeno en la industria.
Incentivos fiscales para la utilización de tecnologías ambientales.
Proyectos y acciones prioritarias.
Ordenamiento ecológico territorial integrado a planes de desarrollo urbano en zonas metropolitanas críticas.
Formulación de programas de gestión de calidad del aire en zonas metropolitanas prioritarias integrando políticas urbanas, ambientales y de transporte.
Promoción de programas de defensa de las zonas de protección ecológica en torno a las áreas metropolitanas.
Definición de políticas de calidad y suministro de energéticos ambientalmente adecuados para zonas metropolitanas.
Desarrollo de un sistema normativo que favorezca la reconversión tecnológica en la industria y el transporte en zonas metropolitanas.
Promoción de sistemas de información y monitoreo ambiental en zonas metropolitanas.
Publicación y promoción de criterios de desarrollo urbano sustentable.
Publicación y promoción de criterios ambientales para el transporte urbano.
Regulación y normatividad para la modernización tecnológica en procesos industriales y de transporte.
Divulgación y promoción de criterios ambientales para la política económica urbana.
Espero que las mejoras del transporte urbano, tenga una buena acogida. Aquí existen aportes de Transmilenio, Gotemburgo- Estocolmo, El RACE, un club creado con un único objetivo, dar respuesta a todas las necesidades de nuestros Socios. Un siglo de experiencia nos avala, garantizando la mejor ASISTENCIA en viaje a todos sus miembros. Los clubes y las asociaciones del automóvil de Europa han estado ayudando a sus miembros con ayuda de la emergencia, han estado viajando y servicio viajar en automóviles -relacionados por más de 100 años. A través del ARCO Transistance, la red de las organizaciones que viajan en automóviles que conducen de Europa, ahora ofrecen un paquete único de la movilidad, adaptado a las necesidades exactas del servicio de cliente de su negocio a los clientes del negocio.
Pablo Ramírez Torrejón.
Crear mecanismos de integración entre la política ambiental y las políticas de desarrollo urbano, mediante instrumentos que vinculen a la estructura espacial/territorial de las ciudades y a sus procesos sectoriales (especialmente el transporte) y funcionales con los criterios de sustentabilidad.
Propiciar el uso racional de los recursos comunes ambientales más importantes de las ciudades.
Crear un marco regulatorio y de incentivos que fomente permanentemente la innovación y el cambio tecnológico en los procesos urbanos, de servicios y de transporte, mejorando su eficiencia energética y calidad ambiental.
Generar cambios en la estructura modal del transporte urbano, que aseguren una mayor eficiencia funcional y ambiental de las ciudades.
El acelerado proceso de urbanización del país plantea algunos de los retos más importantes para la sociedad y el gobierno. Entre ellos destacan complejos problemas ambientales como la contaminación atmosférica y del agua, y la proliferación de desechos sólidos y peligrosos, así como la invasión y deterioro de áreas de conservación ecológica y de recarga de acuíferos; problemas que tienen creciente importancia en las ciudades medias del país, y que se exacerban en las grandes ciudades y zonas metropolitanas. Para enfrentarlos adecuada y eficazmente, es necesario repensar y renovar el marco conceptual que nutre y sostiene a las políticas públicas correspondientes.
Se precisa, por tanto, de nuevas definiciones que no sólo busquen las causas inmediatas de los problemas ambientales de las ciudades del país, sino que vaya más allá en la identificación, tanto de los elementos como de los mecanismos que estructuran y operan los complejos sistemas urbanos. De principio, se necesita incluso de un nuevo marco conceptual cuyo lenguaje sea más rico y más integrado en sus ideas, con mayor capacidad de comunicación, de movilización de intereses y mucho más cercano a las realidades que configuran los retos ambientales de nuestras ciudades, especialmente de las grandes áreas metropolitanas, integrando al fenómeno urbano con las disciplinas ambientales: el desarrollo urbano sustentable.
La integración de un nuevo marco de políticas requiere del concurso de conceptos provenientes de muy diversas especialidades, entre las que destacan las ciencias ambientales y la economía. El debate público de los ejercicios analíticos que de ahí se desprendan, permitirá ir configurando el tipo de desarrollo urbano sustentable más adecuado para las ciudades del país, mismo que, sin duda, habrá de perfilarse como una idea de gran poder de convocatoria ciudadana, al compatibilizar la vitalidad económica y social de la urbe con su viabilidad ambiental de largo plazo, con base en el mantenimiento de equilibrios biofísicos fundamentales. En este sentido, la planeación del desarrollo urbano no podrá soslayar en adelante los costos sociales, económicos y ambientales producidos por los esquemas actuales de urbanización, en los que muchas de las ventajas ofrecidas por las economías de escala y de aglomeración han sido anuladas por los efectos de un crecimiento distorsionado.
El espacio urbano no es ni ambiental ni económicamente neutro: el acelerado proceso de urbanización genera continuas modificaciones en la distribución espacial de las actividades productivas y de consumo, así como en los estilos de vida y, por lo tanto, en las preferencias sociales de las comunidades urbanas. Aún más, dicho proceso es un fenómeno multidimensional que ubica al problema de la sustentabilidad dentro de un contexto que rebasa los contornos geográficos de la ciudad: ésta mantiene intercambios de personas, materiales, energéticos y de información que le permiten echar mano de recursos localizados fuera de sus fronteras geográficas y abastecerse de servicios ambientales adicionales a los que sus propios sistemas biofísicos podrían aportar; en este proceso, también, las demandas urbanas inducen tendencias productivas en áreas rurales relativamente lejanas, que deben tomarse en cuenta. Por eso, discutir la sustentabilidad de la ciudad sólo tiene sentido si se piensa en un balance de región, esto es, en un ámbito territorial, ecológico, económico y social que trasciende las delimitaciones físicas de las manchas urbanas.
La ciudad puede verse de muchas maneras, sin embargo, para avanzar en la idea de un desarrollo urbano sustentable, es útil recurrir a algunas interpretaciones que apuntan en el sentido requerido, y que la definen como:
Una concentración de actividades humanas que permite aprovechar economías de aglomeración, generar economías de escala y desarrollar ventajas competitivas.
Un sistema de bienes públicos (como lo son una buena calidad del aire y del agua), cuya creación y nuevas modalidades de gestión sientan sus bases institucionales.
Un denso tejido de externalidades (positivas y negativas) donde prácticamente cada acción privada tiene consecuencias sobre el bienestar general y donde las iniciativas y proyectos públicos muchas veces se mueven en una ruta conflictiva con intereses privados bien establecidos.
Estas interpretaciones sugieren, de entrada, que el mercado es inherente a las ciudades pues en ellas se nutren y se sustentan una enorme cantidad de demandas, de ofertas y de transacciones de bienes, servicios e información en donde participan individuos, entidades públicas y empresas. La actividad intensa en un enorme número de mercados es un rasgo sobresaliente de la ciudad; éstos ofrecen opciones y dan a los ciudadanos mayores posibilidades de elección, son tremendamente diversos y tan extensos que incluso la trascienden, desplegándose mucho más allá de sus límites físicos y de las fronteras nacionales. En los mercados inherentes a la ciudad radican sus distintivas capacidades de innovación, adaptación y pluralismo.
La organización espacial de las ciudades surge de las formas en que la actividad cotidiana de los individuos se coordina e interactúa con la actividad de las empresas y las entidades públicas; esa organización espacial territorial explica buena parte de sus potencialidades, pero también de sus problemas. Los mercados en la ciudad tienen una expresión territorial muy claramente definida, lo que determina el orden y la organización física de la estructura urbana; estas formas físicas/territoriales moldean los patrones de convivencia, consumo, demanda de energía y uso de los recursos comunes ambientales; de ello dependen, finalmente, las condiciones para asegurar la sustentabilidad de la ciudad a través de una política ambiental urbana eficaz e integradora. La estructura espacial/territorial de la ciudad constituye un aspecto crucial de la comprensión de las relaciones intersectoriales entre la industria, los servicios, la vivienda, el transporte de personas y mercancías, y entre todas ellas y el medio ambiente.
Destaca por eso la necesidad de comprender a fondo el orden espacial de la ciudad, plasmado en los usos del suelo, y de interpretar correctamente las formas urbanas de las cuales dependen los patrones de convivencia cotidiana y las relaciones intersectoriales entre un vasto abanico de actividades y conductas. Sin ello se pierden de vista las rutas para una política ambiental eficiente que asegure un desarrollo urbano sustentable. Es importante subrayarlo: la política ambiental debe ser expresada a través de la política urbana y operada a través de la dinámica espacial territorial de la ciudad, haciendo que confluyan eficientemente mercados, consumidores, productores, vecinos y sistemas de información. Además, se necesita incorporar la idea de que la sustentabilidad del desarrollo urbano depende de una gestión correcta de los recursos comunes ambientales los cuales están representados, entre otros, por la cuenca atmosférica de las ciudades, la cuencas hidrológicas que las abastecen, y por los recursos territoriales que ofrecen servicios de localización espacial, de recarga de acuíferos, de reserva ecológica y territorial, de recreación y de conservación de recursos naturales.
Se sugiere que el deterioro ambiental urbano se debe a la sobreexplotación o sobrecarga de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Bajo una óptica de sustentabilidad, estos recursos requieren ser manejados de tal manera que no se transgredan sistemáticamente ciertos umbrales críticos, después de los cuales se generan costos sociales ambientales excesivos. En este sentido, los umbrales no necesariamente representan límites absolutos de los costos sociales ambientales, sino saltos o puntos de inflexión significativos, dado un cierto estado de la tecnología existente, un conjunto de indicadores relevantes y un sistema de preferencias sociales.
Ahora bien, y como ha de reiterarse, en el esclarecimiento de costos para la asunción de responsabilidades privadas y públicas la información es un pre requisito inescapable. La información ambiental debe nutrir un proceso de entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes, para coadyuvar a modificar conductas en el sentido correcto, aprovechando las preferencias privadas y las exigencias sociales. Estas cambian continuamente, respondiendo con gran sensibilidad a la estructura de ingresos de la población y a los costos de oportunidad, lo que introduce complejidades específicas en la gestión ambiental urbana. Esto implica enfrentar considerables dificultades en las labores de persuasión y de formación de consensos, mismas que se acentúan cuando los efectos redistributivos de las políticas públicas no están lo suficientemente claros.
Por otra parte, es preciso garantizar la fortaleza y el dinamismo económico de las ciudades. Lo cual es pre requisito para generar los recursos y las preferencias sociales que fundamenten una activa política ecológica. Poco o nada se puede hacer en la indigencia o ante los apremios, mientras que, en la pobreza, las prioridades y las expectativas sociales se vuelcan al corto plazo, prevaleciendo tasas de descuento relativamente altas en la estructura de preferencias. Cuando esto sucede, se invalidan y descartan proyectos a futuro, como es el caso de aquellos asociados a la sustentabilidad del desarrollo.
Para encauzar a la ciudad hacia un futuro sustentable, es preciso promover su productividad y fortalecer sus ventajas competitivas. Se debe asegurar su dinamismo económico a través de la creación y organización de las condiciones locales que permitan aprovechar cabalmente los atributos locales de la urbe, conjurando los peligros de la obsolescencia de su infraestructura y el abandono e ineficiencia que la misma significa. Estas condiciones, que hoy conocemos como ventajas competitivas, residen en la diversidad y riqueza de los factores locales que permiten a las empresas y a las industrias alcanzar y mantener altas tasas de productividad. Sólo el mantenimiento de altas tasas de productividad puede asegurar el mejoramiento continuo del nivel de vida de todos los habitantes y la calidad ambiental de las ciudades.
La innovación tecnológica es un proceso indispensable en la búsqueda de horizontes de sustentabilidad para la ciudad. Sin embargo, recordemos que las condiciones de sustentabilidad están definidas también por las presiones demográficas y los patrones de demanda y consumo y, siendo indispensable el avance tecnológico, también es cierto que mantener políticas ambientales basadas exclusivamente en este ámbito va arrojando rendimientos decrecientes. Por ello puede ser cada vez más difícil y costoso abatir volúmenes adicionales de contaminación y mitigar otros impactos sobre el ambiente sólo por la vía tecnológica al final del tubo, dejando intactas las estructuras de demanda.
Una condición adicional de las ciudades modernas es su creciente dependencia de los procesos macroeconómicos del país, lo que obliga a una gestión urbana atenta al devenir de los mercados nacionales y globales en los que la ciudad participa. La apertura económica lanza nuevos incentivos de localización industrial, hace fenecer ramas completas de actividades manufactureras y genera oportunidades en diversos sectores, lo que modifica de manera notable las tendencias ambientales. Al mismo tiempo, la política fiscal y las reglas de coordinación federal en materia tributaria abren o cierran oportunidades de financiamiento a las metrópolis; mientras que la política de precios para bienes y servicios claves ofrecidos por el gobierno federal, inciden directamente en patrones estratégicos de conducta metropolitana, como es el caso de los combustibles en relación al transporte, la contaminación atmosférica y los usos del suelo.
Pero avanzar por el camino que lleva a los propósitos de sustentabilidad, no sólo requiere de la integración de las políticas urbanas y ambientales, sino que exige que ambas se complementen y refuercen de manera permanente. Esta complementariedad se puede lograr promoviendo la causa del desarrollo urbano sustentable desde todos los frentes relevantes.
Los criterios que dan pie a los lineamientos anteriores se pueden agrupar, con un horizonte de mediano y largo plazos, en varios ámbitos que requerirán de atención especial. Éstos son el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico regional, criterios para un desarrollo sustentable, los sistemas de transporte urbano, la modernización tecnológica, y, la gestión de demandas (especialmente de combustibles automotrices, de viajes intra urbanos y de kilómetros recorridos).
Desarrollo urbano y ordenamiento ecológico regional.
El ordenamiento ecológico del territorio facilitará el camino hacia un desarrollo urbano/regional basado en criterios de sustentabilidad, al generar un marco de congruencia entre políticas y programas ambientales y sectoriales, concretamente, entre el Programa de Desarrollo Urbano 2006-2030 y el presente Programa de Medio Ambiente, y coadyuvar en el diseño de mecanismos de coordinación intersectorial y entre entidades federativas. Deberá ser un instrumento normativo básico bien fundado técnicamente, concertado y consensuado entre todos los actores involucrados: el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios, centros académicos, los agentes económicos y la sociedad civil, antes de quedar debidamente expresado en las disposiciones jurídicas adecuadas.
El ordenamiento ecológico puede coadyuvar significativamente a la idea de una ciudad con proyecto, creando identidades y certidumbre social y económica de largo plazo, facilitando las tareas de la planeación de los asentamientos humanos y de la localización de las actividades productivas y comerciales, todo, con una lógica de sustentabilidad ambiental.
Criterios para un desarrollo urbano sustentable.
Como ya se ha señalado, una política ambiental eficaz para nuestras ciudad requiere de interpretar los problemas y retos de sustentabilidad a partir de su estructura espacial/ territorial y de las políticas y dinámicas socioeconómicas que la configuran. Tanto en lo que se refiere al manejo de cuencas atmosféricas, zonas de recarga de acuíferos y defensa de zonas de conservación ecológica, así como en la eficiencia global urbana, pueden jugar un papel preponderante los siguientes criterios:
Evitar el crecimiento suburbano extensivo y descontrolado, propiciando la densificación y promoviendo el uso diversificado, eficiente y plurifuncional del suelo, de manera compatible con expectativas de calidad de vida y seguridad.
La revitalización de centros históricos y otras áreas centrales mediante la promoción de la inversión pública y privada dando particular importancia a programas de vivienda con un claro sentido urbano.
La conservación y manejo efectivo de las áreas verdes y de las zonas de conservación ecológica.
La creación y mantenimiento de espacios públicos, la convivencia colectiva como factor de identidad, cohesión social y calidad de vida.
Mantener una política que atienda a los ciclos de vida de distintos áreas urbanas, previendo el decaimiento y combatiendo el abandono y el deterioro urbano, mediante programas y acciones de renovación, reciclaje y re-desarrollo del suelo urbano.
Transporte.
La política de transporte es un elemento crucial del esquema de sustentabilidad urbana. Una de las implicaciones de fondo de los sistemas de transporte se refiere a su estrecha interdependencia con los patrones de urbanización. La posibilidad de recorrer distancias y trayectos a ciertas velocidades y con condiciones determinadas de seguridad, confort y costo van transformando paulatinamente el concepto que todavía a principios de siglo se tenía de la ciudad. Hoy en día, abundan por ejemplo las áreas urbanas dormitorio en donde pernoctan millares de individuos que a primera hora invaden las carreteras y los medios de transporte suburbanos para dirigirse a trabajar durante el día y regresar a casa al fin de la jornada, pudiendo destinar hasta 2, 3 ó 4 horas cotidianas al transporte.
El transporte urbano establece sistemas de movilidad que organizan la ocupación territorial y definen modalidades de intensidad, densidad y diversidad en los usos del suelo. A su vez, la estructura urbana generada, determina patrones y demandas de transporte, creándose múltiples canales de retroalimentación entre ambos procesos. Esto, moldea estructuralmente ciertas conductas y variables que explican muchos problemas ambientales estratégicos. Por ejemplo, en circunstancias de alta sub. Urbanización y de usos del suelo especializados, donde prevalece el uso del vehículo automotor privado, es posible esperar una onerosa factura energética, un gran volumen de horas hombre perdidas en desplazamientos y embotellamientos, severos costos ambientales que incluyen la contaminación de cuencas atmosféricas, y la ocupación extensiva de grandes superficies necesarias para la recarga de acuíferos y la conservación de ecosistemas. En este orden de cosas la sub. Urbanización extensiva impide el desarrollo de un buen sistema de transporte colectivo, el cual sólo puede ser redituable y eficiente dentro de ciertas condiciones de densidad urbana y de intensidad y diversidad de los usos del suelo.
Los márgenes de maniobra para mejorar el desempeño del trinomio transporte estructura urbana calidad ambiental son amplios, y deben ser aprovechados en una política clave de sustentabilidad. Ahí destaca la necesidad de un proceso de cambio modal en el transporte urbano, donde una proporción mayoritaria de los viajes/persona/día se lleve a cabo en sistemas colectivos de alta eficiencia energética y ambiental.
En este sentido, es necesario promover algunos lineamientos considerados fundamentales:
Coordinación efectiva de los planes rectores de transporte y de desarrollo urbano.
En el caso de las zonas metropolitanas conviene promover líneas de transporte masivo electrificado que conecten las áreas centrales con zonas suburbanas.
Separación o confinamiento de las rutas prioritarias de transporte colectivo de superficie, con respecto a aquellas destinadas al tránsito vehicular privado.
Promoción del transporte institucional, escolar y empresarial.
Preferencia vial y acceso a zonas restringidas para los vehículos de transporte colectivo.
Sistemas estrictos de regulación, tecnológica y funcional, y de inspección y vigilancia vial a los sistemas de transporte colectivo de superficie, con énfasis especial en las emisiones contaminantes de la atmósfera.
Utilización de esquemas de transferencia directa de impuestos ambientales para el mejoramiento del transporte público, garantizando el manejo transparente y eficiente de los recursos.
Fomento de la participación privada en la prestación de servicios de transporte y actividades asociadas a los mismos, asegurando el correcto cumplimiento de las normas de funcionamiento y operación.
Fomento de alternativas diferenciadas de transporte según preferencias y capacidades de pago de los usuarios, asegurando que no queden desatendidas áreas que son rentablemente menos atractivas.
Mejora sustancial de la seguridad de las unidades de transporte y de los usuarios.
Racionalización del transporte de mercancías mediante sistemas de bodegas de transferencia, vehículos de reparto eléctricos, horarios adecuados de carga y descarga. Introducción y mejoramiento de la infraestructura destinada a medios de desplazamiento no motorizados, como pueden ser la bicicleta y recorridos peatonales.
Modernización tecnológica para el control de la contaminación atmosférica.
La modernización tecnológica en el transporte, la industria y los servicios, seguirán siendo una vertiente insoslayable en el horizonte de la sustentabilidad urbana, y su dirección debe ser determinada por objetivos ambientales, de eficiencia y bienestar social. Esta modernización tecnológica ha de impulsarse a través de instrumentos normativos con horizontes de largo plazo, de la concertación y del desarrollo institucional. Cabe para ello, distinguir los lineamientos más importantes:
Actualización de las normas de emisión de contaminantes atmosféricos para vehículos automotores, industria y servicios; y, desarrollo de un esquema normativo que promueva una eficiencia energética creciente.
Promoción del uso de vehículos eléctricos.
En la industria, es necesario adecuar la regulación directa, tanto en materia de aire como de residuos, fomentando, en el primer caso, la utilización de técnicas para mejorar la combustión y abatir las emisiones de óxidos de nitrógeno en el uso de diesel, gasóleo y gas natural y en la operación de hornos industriales. En el segundo caso, procurando la modernización productiva dentro de criterios de protección ambiental y competitividad.
Aplicación de la segunda etapa de la NOM-085, que establece niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera por parte de la industria y del sector servicios. Ello incluye, en zonas prioritarias, la fijación de una burbuja o límite de emisiones a nivel regional, y la distribución de certificados comercializables que pueden ser transferidos por las empresas, sin afectar el nivel regional de emisiones previamente establecido.
El control dentro del sector servicios de los compuestos orgánicos volátiles en gasolineras y en la fabricación de pinturas y solventes.
El impulso al mejoramiento de combustibles abatiendo su volatilidad, contenido de azufre y contenido de compuestos tóxicos o altamente reactivos.
Fomentar la utilización comercial de combustibles más limpios como el Bio gas o Bio diesel.
Promover la reformulación Bio combustible, Bio gas.
Propiciar una política de precios consistente y de largo plazo que favorezca una alta eficiencia energética y ambiental.
Gestión de demandas e internalización de costos sociales/ambientales.
El propósito inicial es explorar a fondo las posibilidades de un conjunto de instrumentos que actúen desde el lado de la demanda en el complejo entramado de los mercados urbanos, buscando un uso socialmente eficiente de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Este debe conducir en su momento a iniciar la aplicación de aquéllos que resulten factibles. A continuación se presentan algunos que, desde este punto de vista, deben ser ampliamente estudiados y considerados:
Conjugación de restricciones a la circulación vehicular con una normatividad que promueva la renovación tecnológica y la creación de una cultura ambiental de los usuarios del transporte automotor.
Internalización de costos ambientales en los precios de combustibles automotores.
Otorgamiento de estímulos a la eficiencia energética y a las tecnologías más limpias en el cobro de tenencias.
Desarrollo de estrictos sistemas de verificación vehicular en zonas metropolitanas, financiados por los propios usuarios.
Obligatoriedad del seguro de accidentes con responsabilidad civil.
Impuesto predial como instrumento de aplicación del ordenamiento ecológico.
Establecimiento de estacionómetros en diversas zonas de la ciudad utilizando la recaudación para fines de beneficios públicos en los barrios y colonias donde se ubiquen.
Disminución de subsidios al gas licuado de petróleo para favorecer el consumo de gas natural o Bio combustible.
Desarrollo de un sistema de créditos comercializables para emisiones de óxidos de nitrógeno en la industria.
Incentivos fiscales para la utilización de tecnologías ambientales.
Proyectos y acciones prioritarias.
Ordenamiento ecológico territorial integrado a planes de desarrollo urbano en zonas metropolitanas críticas.
Formulación de programas de gestión de calidad del aire en zonas metropolitanas prioritarias integrando políticas urbanas, ambientales y de transporte.
Promoción de programas de defensa de las zonas de protección ecológica en torno a las áreas metropolitanas.
Definición de políticas de calidad y suministro de energéticos ambientalmente adecuados para zonas metropolitanas.
Desarrollo de un sistema normativo que favorezca la reconversión tecnológica en la industria y el transporte en zonas metropolitanas.
Promoción de sistemas de información y monitoreo ambiental en zonas metropolitanas.
Publicación y promoción de criterios de desarrollo urbano sustentable.
Publicación y promoción de criterios ambientales para el transporte urbano.
Regulación y normatividad para la modernización tecnológica en procesos industriales y de transporte.
Divulgación y promoción de criterios ambientales para la política económica urbana.
Espero que las mejoras del transporte urbano, tenga una buena acogida. Aquí existen aportes de Transmilenio, Gotemburgo- Estocolmo, El RACE, un club creado con un único objetivo, dar respuesta a todas las necesidades de nuestros Socios. Un siglo de experiencia nos avala, garantizando la mejor ASISTENCIA en viaje a todos sus miembros. Los clubes y las asociaciones del automóvil de Europa han estado ayudando a sus miembros con ayuda de la emergencia, han estado viajando y servicio viajar en automóviles -relacionados por más de 100 años. A través del ARCO Transistance, la red de las organizaciones que viajan en automóviles que conducen de Europa, ahora ofrecen un paquete único de la movilidad, adaptado a las necesidades exactas del servicio de cliente de su negocio a los clientes del negocio.
Pablo Ramírez Torrejón.
Ingeniero Industrial con Mención:
Logística, Transporte y Abastecimiento.
posted by Pablo Ramírez Torrejón at 9:48 a. m.
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