Transantiago debe ser parte de la calidad de sus habitantes.

Es justificable que la ciudadanía se sienta desencantada con el plan. Existen atrasos en infraestructura, tecnología y permanecen los mismos vicios que se pretendía erradicar. Que Santiago cuente con un sistema de transporte público de buses urbanos moderno, eficiente y a la altura de la capital de un país que quiere dar saltos cualitativos hacia el desarrollo es una materia pendiente que está teniendo altísimos costos en la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad. Ya a comienzos de los 90, las autoridades intentaron, aunque sin éxito, materializar distintos cambios a esa estructura, una de las principales falencias de la ciudad y la misma que hoy, con el deficiente avance en la implementación del Plan Transantiago, vuelve a ser causa de una renovada y fuerte preocupación.




El gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos anunció el Transantiago, uno de sus planes más ambiciosos, con el objetivo de que se convirtiera en el eje articulador de la modernización del transporte urbano. Una iniciativa, se dijo en un principio, que estaría en marcha en todas sus dimensiones antes de concluir su gestión, en marzo pasado. Sin embargo, iniciado ya un nuevo gobierno, es indudable que aún falta mucho para que se concrete aquello que en un principio se prometió, vale decir, un sistema que le cambiaría radicalmente la cara al transporte público de una ciudad que concentra a casi el 40% de la población de Chile.




En efecto, la implementación del Transantiago ha estado lejos de ser el proceso expedito que se anunció; tanto, que en la actualidad está en vilo producto de importantes falencias centradas en tres planos. Uno, la falta de incorporación tecnológica en los mecanismos de cobro. Dos, los graves atrasos en materia de infraestructura vial, ya que en muchos casos ni siquiera se han iniciado las obras para crear los llamados "ejes troncales", así como demoras en la construcción de otras instalaciones. Y tres, las carencias en la entrega de información a los usuarios en asuntos como los cambios en la malla de recorridos. En junio próximo debiera comenzar a operar la modalidad de pago con tarjeta multivía (con la que se podrá pagar el Metro y el bus), lo que significará dejar de cancelar con efectivo. Esta situación, que debiera ser motivo de satisfacción, genera, sin embargo, aprensión respecto de su viabilidad, ya que de los cinco mil buses que debieran circular en esa fecha, ninguno cuenta con la tecnología adecuada. La implementación de nuevos cobradores puede significar, en estas circunstancias, el retraso del proyecto e importantes pérdidas económicas.




Si el Transantiago no está implementado en octubre, el Estado deberá pagar millonarias indemnizaciones a las empresas que se adjudicaron la licitación. Sería lamentable que se llegar a eso, sobre todo porque las autoridades, desde la génesis del proyecto, han tenido más de tres años para dar forma y ejecutar el plan, que originalmente estaba previsto que empezara a ser implementado en mayo de 2004. Para no atrasarlo más se decidió comenzarlo a dos meses de las elecciones presidenciales, lo que para muchos fue más bien un paso con fines electorales. Hoy, en todo caso, parece estar confirmándose que fue una decisión apresurada. Es justificable que la ciudadanía se sienta desencantada. Y es que permanecen los mismos vicios que se prendía erradicar.




Los operadores continúan con la tradicional guerra por captar pasajeros y los choferes de las nuevas empresas han reclamado la carencia de condiciones para trabajar; incluso, la implementación de bonos de producción, algo homologable al antiguo sistema de corte de boletos. La situación más grave parece estar en el retraso de la infraestructura vial. Una señal de aquello es que sólo esta semana se entregó la licitación para iniciar los trabajos en el troncal de Avenida Santa Rosa, que debe integrar vías segregadas. Según varios expertos, los trabajos demorarán al menos un año y medio. Además, hay problemas por falta de fiscalización de buses piratas, clonación de recorridos o falsificación de boletos. Todas las situaciones son solucionables, pero faltan seis meses para que se cumpla el plazo y no se conoce cuál será el impacto que tendrá el plan. Sólo se sabe que de vez en cuando algunos microbuses salen y son cambiados por máquinas más modernas.




Esto es un aporte de: LaTercera / Opinión




Pablo Ramírez Torrejón (AC)